La Red Regional por la Educación Inclusiva de Latinoamérica (RREI) y el Centro de Evaluación de Políticas basadas en Evidencia (CEPE) de la Universidad Torcuato Di Tella, en Argentina, han publicado el informe ‘Educación inclusiva, equitativa y de calidad. Un análisis de las políticas públicas implementadas en cuatro sistemas educativos para la inclusión de las personas con discapacidad en escuelas generales’.

Nuestra directora ejecutiva, Mónica Cortés, participó como revisora general en este informe.

¿Qué encuentras en este informe?

La publicación explora las reformas de política pública implementadas en cuatro países, para construir sistemas educativos inclusivos, en sintonía con los tratados internacionales de derechos humanos, en particular con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Los casos de estudio fueron Italia, Portugal, Canadá (New Brunswick) y Brasil. Se analizaron los antecedentes históricos que desembocaron en las reformas y los cursos de acción adoptados en relación con las escuelas especiales, así como sus sistemas de apoyos, formas de evaluación y certificación, esquemas de formación docente y estructuras de financiamiento.

¿Por qué es importante aprender de casos exitosos de reformas para la educación inclusiva?

A más de una década de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la educación inclusiva continúa siendo una deuda pendiente en América Latina. Muchas niñas y niños con discapacidad siguen sin asistir a la escuela y permanecen en entornos de asistencia en salud o social, mientras que otros son enviados a escuelas especiales, en donde se ven privados de crecer en entornos que reflejen la diversidad propia de toda sociedad.

Así mismo, quienes logran ingresar a las escuelas regulares no reciben los apoyos que necesitan para aprender, participar y progresar en condiciones de igualdad. Una de las razones que explican esa situación es la falta de políticas orientadas a revertir las diferentes formas de discriminación que los estudiantes con discapacidad enfrentan en los sistemas educativos y a asegurar a cada persona una experiencia escolar significativa y de calidad.

En ese contexto, este informe se propone brindar herramientas para que quienes tomar decisiones de política pública en América Latina inicien, continúen o profundicen los procesos de cambio que se requieren para garantizar el derecho a la educación inclusiva.